Investigación sobre la situación laboral de la población LGBTI en Costa Rica

06.07.2016 | Diversidad

La OIT presentó el primer estudio de esta índole en Centroamérica en el Consejo de Gobierno de Costa Rica. El trabajo incluyó entrevistas en cuatro centros de trabajo públicos y privados del país. Durante la presentación, varias empresas firmaron la Declaración de San José, diez principios contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.


El estudio de la OIT ORGULLO (PRIDE) en el trabajo Un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Costa Rica, presentado en el Consejo de Gobierno, señala que un 28% de los entrevistados en las empresas ha presenciado algún tipo de discriminación o agresión por orientación sexual o identidad de género en el trabajo. De hecho, en torno a un 15% de las personas LGBTI consultadas indican haber sido discriminadas en algún momento. Esta situación, según la investigación, se debe a la persistencia de prejuicios y criterios morales que alientan la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

El estudio se ha realizado a través de entrevistas y grupos focales realizados con personas LGBTI, dirigentes de sus organizaciones, personas expertas y representantes de diversos sectores, así como mediante una encuesta aplicada en cuatro centros de trabajo públicos y privados del país.

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, señaló que “a las poblaciones sexualmente diversas se les sigue negando su derecho a decidir sobre su vida privada y sus propios proyectos. Persiste la discriminación y los crímenes de odio. En nuestro país, esta realidad no es ajena, por ello, como Gobierno, nos propusimos el reconocimiento de los derechos humanos como un eje transversal para nuestro trabajo, y por primera vez en nuestra historia, estamos visibilizando con acciones concretas y contenido real, los derechos humanos de las poblaciones LGTBI. Ponemos el tema de los derechos de la población LGTBI sobre el tapete de la discusión nacional y educamos para que, poco a poco, la sociedad vaya comprendiendo que el respeto y cumplimiento de los DDHH de las poblaciones vulnerables, como ésta, es una obligación del Estado y no un capricho. Aplaudimos también que las entidades privadas se sumen a nuestros esfuerzos y se comprometan con el respeto de los derechos laborales de esta población por medio de la Declaración de San José”.

“La firma de este compromiso es una muestra más del sector empleador y del Estado en el compromiso de velar por el respeto de los derechos de todas las personas trabajadoras sin distingo alguno. Me siento muy complacido de que seamos parte del avance en el reconocimiento de derechos para la población sexualmente diversa y del respeto de los derechos humanos” destacó Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

En palabras de Leonardo Ferreira, director adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, “. Esta investigación se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de la OIT a nivel mundial para visibilizar la discriminación que sufre la población trabajadora LGBTI. Con este informe la OIT pretende generar información que permita que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan diseñar medidas específicas para prevenir y combatir las distintas formas de discriminación contra la población LGBTI en los lugares de trabajo, y así dar cumplimiento al Convenio de la OIT núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, ratificado por Costa Rica.”.

El estudio indica que para las personas entrevistadas entre las principales de discriminación y agresión se encuentran la forma de vestir (entre 33% y 44%), el aspecto físico (entre 25% y 40%) y comportarse muy femenino siendo hombre (entre 24% y 28%).

Entre un 8% y un 12% en los centros privados y un 25% y 27% en los públicos están algo o muy de acuerdo con que las personas LGBT (entre los entrevistados no hubo participación de personas intersex) tienen derecho a serlo mientras lo mantengan en privado; y aunque la mayoría indica que al trabajar con personas LGBT o tenerlas en las jefaturas se relacionarían con ellas de la misma manera que con el resto (76% y 82% en los privados, 60% y 63% en los públicos), un porcentaje importante admite que aceptaría trabajar con ellas mientras no se le “acerquen en el plano personal” (8% y 15% en los centros privados, 9% y 26% en los públicos).

Diferencias en la discriminación

Las personas encuestadas reconocen menos formas de discriminación hacia personas bisexuales (5% y 7% en centro de trabajos privados, 9% en públicos) que hacia lesbianas (6% y 14% en privados, 10% y 19% en públicos) o gays (10% y 23% en privados, 20% y 25% en públicos).

La situación es similar con las personas intersex: si su orientación sexual o la identidad de género no muestra ninguna discordancia con respecto al sexo asignado podrá mimetizarse en el puesto de trabajo y en la sociedad en general. Si, por el contrario, transgrede la orientación sexual o la identidad de género heteronormativa, será discriminada como gay, como lesbiana o como trans.

De hecho, el estudio constata una relación directa entre discriminación de género y discriminación por orientación sexual. Muchas de las mujeres lesbianas entrevistadas sienten que en el ámbito laboral son discriminadas primero como mujeres y, además, por ser lesbianas.

En el caso de los hombres y mujeres trans, afirman sufrir una discriminación constante, muy agresiva y muy explícita, que los excluye o expulsa primero del sistema educativo, y posteriormente, del mercado laboral.

Sectores

La investigación no ha identificado sectores u ocupaciones libres de homolesbotransfobia, aunque sí señala que existen diferencias muy significativas entre empresas en las formas de discriminación, la frecuencia con la que se manifiesta, la manera en que la viven las personas y los recursos disponibles para enfrentarla, incluyendo la posibilidad de denuncia.

Por tipo de empresa, las personas entrevistadas señalaron que las que ofrecen mayores garantías de respeto a los derechos de las personas LGBTI son las transnacionales, seguidas por las empresas públicas y, por último, las privadas nacionales.

Precisamente, en la presentación del estudio, dieciséis empresas nacionales y transnacionales realizaron una firma simbólica de la Declaración de San José, diez principios en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y a favor de la promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI.

“AED promueve los derechos de las personas LGBTI porque se relacionan directamente con una de nuestras principales áreas de enfoque y de las principales áreas de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas: los Derechos Humanos. Este proyecto nació gracias a nuestra experiencia previa en relación con la creación del Bloque Empresarial LGBTI que se convierte en un espacio donde empresas líderes en diversidad comparten buenas prácticas y desarrollan proyectos en conjunto”, dijo Silvia Lara, Directora Ejecutiva de AED.

Entre las recomendaciones que realiza la investigación se propone que se aplique la reforma procesal laboral, que las instituciones públicas implementen el Decreto núm. 38999 (Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, de acatamiento obligatorio), eliminar los filtros formales e informales que en los procesos de selección podrían limitar la contratación de personas LGBTI, dotar a la inspección de trabajo de herramientas específicas para combatirla, y fomentar mecanismos voluntarios dentro de las empresas para promover la no discriminación.

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